¿Un acuerdo bueno para los jóvenes?

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El Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones podrá calificarse de recorte irremediable ante el avance del neoliberalismo y el poder de los mercados, o como hambre para hoy que será pan para mañana (recortes ahora a cambio de viabilidad en el futuro), o como resultado de la firma de una paz necesaria ante la imposibilidad de mantener una tensión social insoportable por más tiempo (y no se refiere a los banqueros, ni a los obispos, ni a los constructores, ni a los turcos ni a los egipcios, sino a la movilización de los trabajadores españoles, aunque no lo parezca). Pero desde luego, es muy difícil buscarle las bondades a este acuerdo que recorta derechos a la mayoría machacando especialmente a los colectivos más vulnerables: los jóvenes, las mujeres con carreras laborales intermitentes, los trabajadores precarios,….
Las aparentes mejoras para facilitar el acceso a carreras de cotización a los jóvenes suponen en realidad la confirmación de las malas condiciones de trabajo de este colectivo y les convierte en los principales perjudicados de este acuerdo.

1) La reforma de las pensiones tendrá plena vigencia en el 2027, con lo que jóvenes y no tan jóvenes que están ahora entrando en el mercado de trabajo y los que ya están en él accederán a unas condiciones de jubilación “flexible” más exigentes, que hará prácticamente imposible la jubilación a los 65 años para la mayoría, sobre todo teniendo en cuenta el actual modelo de relaciones laborales.
Los jóvenes se enfrentan desde hace más de una década a un mercado laboral precario, en el que las trayectorias profesionales son intermitentes, con frecuentes periodos de desempleo o años empleados en el desempeño de becas (prácticas laborales fraudulentas realizadas por las empresas y encubiertas de un falso carácter formativo).
Aquellos que tienen una formación corta y se incorporan pronto al mundo laboral serán el colectivo que más sufra la pérdida de trabajo en periodos de crisis (jóvenes con baja cualificación son desde el comienzo de la crisis en 2008 el colectivo más afectado por el desempleo).
Los que tienen una vida académica más larga, se verán en cambio perjudicados por una lógicamente más tardía incorporación al mundo laboral, por lo que tampoco tendrán los años de cotización acumulados para poder jubilarse cuando lleguen a los 65 (edad a la que esperamos que hayan terminado de pagar los créditos contraídos para pagar sus estudios de grado y posgrado).
Por último, aquellos afortunados y afortunadas que hayan podido cotizar 38,5 años al llegar a los 65 años, se jubilarán con el 100% de su pensión. Eso sí, tendrá que rebajar sus expectativas de lo que esperan por “su pensión”, al haberse ampliado los años de cómputo para el cálculo.

2) Los jóvenes podrán ver reconocidos hasta un máximo de dos años por los periodos formativos Esta figura es imprecisa y peligrosamente ambigua en el Acuerdo pero, por la redacción, parece que estas prácticas formativas son una nueva denominación políticamente correcta para las becas, a su vez, denominación políticamente correcta para encubrir trabajo en precario, sin contrato y fuera de convenio. Si esto se consiente, será dar carta de naturaleza a una práctica esclavista, con una retroactividad de cuatro años, perdonando a los empresarios que abusan de trabajadores jóvenes con formación (y no en formación) las cotizaciones sociales que deberían pagar si estos jóvenes fuesen legalmente contratados y que tan bien nos vendrían -de paso- para mejorar la salud del sistema de pensiones.
La explicación de este retroceso ha sido señalada en documentos de la Secretaría Confederal de Juventud de CCOO, que unos días antes de la firma del Acuerdo con el Gobierno, advertía en una nota del “peligro” de que algunos partidos políticos estuviesen proponiendo “que los becarios coticen a la Seguridad Social” (bueno, que coticemos todos por sus empresarios) y diciendo muy claro lo que había que hacer:
“La posición del sindicato es clara: el objetivo de las becas de estudiantes que realizan prácticas en una empresa es la formación y no producir meramente como cualquier otro trabajador de la plantilla; por otro lado, las personas con titulación deben ser contratadas, para lo que incluso ya existen varias fórmulas legales que reducen los costes para el empresario (como el contrato en prácticas).
En lugar de imponer reformas y recortes que precarizan cada vez más la situación de la juventud trabajadora, el Gobierno debería aumentar de inmediato el número de inspectores de trabajo para poner freno al abuso empresarial sobre los becarios que sucede en nuestro país de manera sistemática. El mal uso de las becas, que genera situaciones cercanas a la esclavitud, es una injusticia y, además, un robo a las arcas de la Seguridad Social. Lo que hay que hacer es perseguir y denunciar los abusos y obligar a las empresas infractoras a que firmen contratos en toda regla con sus trabajadores y trabajadoras, que garanticen salarios y condiciones laborales dignas.”
También por las mismas fechas y por las mismas razones, el Consejo de la Juventud de España, aprueba una resolución en la que “en consecuencia, se compromete a defender esta posición ante el Foro Europeo de la Juventud”:
“La cotización a la Seguridad Social de las becas dirigidas a personas tituladas –por su legitimación de facto como figura laboral- o cualquier otra fórmula que no garantice todos los derechos derivados del contrato de trabajo supondría un injusto reconocimiento de una práctica que está contribuyendo a la creciente precarización sociolaboral de la juventud española”.
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3) En el Acuerdo se incorpora también una parte de políticas activas de empleo y un plan de choque para desempleados y desempleadas jóvenes o con desempleo de larga duración. Desde luego que son estos colectivos los que más están sufriendo en esta situación de crisis. Pero, de nuevo, como en otras ocasiones, la propuesta va en la línea de crear empleo rebajando los costes laborales de empresarios, que podrán contratar hasta 100.000 personas ahorrándose entre un 75 y un 100% de las cotizaciones (algo realmente paradójico, ya que se recoge en el mismo Acuerdo en el que se recortan derechos a los trabajadores precisamente para garantizar que esas cotizaciones cubren las necesidades del sistema de pensiones). La novedad en esta ocasión es que se subvencionará la contratación en condiciones precarias (trabajo temporal y a tiempo parcial), que es precisamente lo que no necesitamos los jóvenes, que sufrimos desde hace más de una década un mercado laboral precarizado.
Pero lo más grave de este Acuerdo para los jóvenes no está en el qué, sino en el cómo se ha llegado a él. Este Acuerdo se firma en un marco de renuncia a mantener una tensión movilizadora y confrontación frente a los recortes (inaugurada ya por UGT desde el día siguiente al 29S), y con un discurso de aceptación del mal menor, de reconocimiento de la imposibilidad de hacer frente a los ataques del capitalismo salvaje y de la falta de resultados de la movilización.
Esta posición nos deja una clase trabajadora debilitada, porque se han debilitado sus herramientas de organización y de lucha. Nos deja un sindicato que ha ganado reconocimiento por parte del poder (del gobierno, parte de la prensa,…) pero ha perdido entre los trabajadores, sobre todo aquellos más concienciados y más activos, los que respaldaron la huelga del 29 S y llevaron a la movilización a sus compañeros y compañeras en los centros de trabajo. Todos y cada uno de los que formamos esta organización no deberíamos olvidar que tenemos una responsabilidad para con los más jóvenes. La responsabilidad de mantener y mejorar los derechos laborales que hemos heredado, los servicios públicos, el conjunto de derechos relativos al Estado del Bienestar,… pero también la de transmitir la conciencia de clase, y la de cuidar y fortalecer nuestras organizaciones, los sindicatos de clase, pues son nuestra única herramienta de lucha. Y la lucha es el origen y el sostén de todas nuestras condiciones de trabajo y de vida.
Sólo la recuperación de la movilización continuada, la reivindicación de los valores de igualdad y justicia, el reconocimiento en los trabajadores, la elaboración de formas propias de ver el mundo y alternativas diferentes a las que nos impone el neoliberalismo y un comportamiento honesto y transparente en las decisiones nos devolverá la legitimidad entre los trabajadores y trabajadoras.

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