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Comité de expertos, pensiones y nuestra posición

julio 6, 2013

La publicación del Informe del comité de expertos sobre el Factor de Sostenibilidad del sistema Público de Pensiones ha generado alarma entre la población en general y en nuestra afiliación en particular, fruto de la posición del representante de CCOO en dicha comisión, por los argumentos que proporciona al Gobierno del Partido Popular para seguir erosionando las pensiones, los incomprensibles errores de nuestra organización sindical en todo lo relativo a este informe y la debilidad de la explicación posterior de la dirección confederal de nuestro sindicato. Ello nos obliga, a quienes conformamos el sector crítico de Comisiones Obreras a intentar profundizar y analizar la situación actual y la posición a adoptar ante un tema tan vital, como es el de las pensiones públicas.
El objeto de este documento no es un análisis exhaustivo del Informe, sino situarnos ante los acontecimientos presentes y futuros.
Se han cumplido las peores previsiones que ya indicábamos en nuestro documento de Junio “EL SECTOR CRÍTICO ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL”, donde se informaba de que gobierno de Rajoy había nombrado a un grupo de expertos, la mayoría afines a la gran banca o a las compañías de seguros, con presencia de CCOO y UGT, para hacer un primer diseño de otra nueva reforma del sistema de pensiones. Y avisábamos que “Previsiblemente, dicha reforma se centrará en definir el llamado ‘factor de sostenibilidad’, que supondrá endurecer los periodos de cálculo y nuevo recorte de las pensiones actuales y futuras”
El gobierno del PP ha aprovechado, en su lógica de recortes y desmantelamiento del sistema de prestaciones sociales, la introducción de un llamado factor de sostenibilidad en la reforma pactada por CCOO y UGT, con la patronal y el gobierno de Zapatero en 2011.
Dicha reforma, que aún no ha desplegado todos sus efectos, ya incluía, desde nuestro punto de vista, elementos lesivos para los trabajadores y trabajadoras. Establecía grandes recortes en las pensiones –por eso el Sector Crítico rechazó la misma supuestamente para garantizar su futuro y blindarlo de presiones futuras. Es evidente que aquellos esfuerzos han sido amortizados en pocos meses.
La elevación de la edad de jubilación hasta los 67 años, el incremento del periodo de cotización exigido para jubilarse con el 100% de la base reguladora y el incremento del periodo de cálculo no han servido para mantener las pensiones al margen de las políticas de austeridad.
Ahora el gobierno utiliza la situación de déficit de la Seguridad Social, motivado por la importante caída de las cotizaciones (incremento del desempleo y devaluación de los salarios) como excusa para promover una reforma estructural y anticipar la aplicación del factor de sostenibilidad.
Las propuestas que se incorporan a través del falso factor de sostenibilidad no dejan lugar a la duda: se introducen fórmulas que devalúan la pensión sobre la base de la mejora de la expectativa de vida, se establecen mecanismos de ajuste en función de la evolución de los ingresos y del número de pensionistas con la misma orientación de rebajar la pensión que corresponde a cada persona, se desvincula la actualización de
las pensiones de la evolución de los salarios o del IPC y todo ello se hace con oportunismo y con crueldad, en un momento en el que se considera que la sociedad está dispuesta a transigir ante el sufrimiento que lleva acumulado y la amenaza de un futuro incierto.
Además de los factores económicos, motivados por la reducción coyuntural de de los ingresos y una supuesta regla de equilibrio necesario entre ingresos y gastos, se argumenta la necesidad de los recortes por las proyecciones demográficas, por el incremento de la esperanza de vida de manera más específica. Conviene recordar que la esperanza de vida es un indicador demográfico que encierra importantes diferencias
sociales y precisamente las personas con menos recursos económicas viven menos y también en peores condiciones. Las desigualdades sociales en este sentido se convierten en un factor de solidaridad hacia las clases acomodadas. Los expertos no han dicho nada al respecto, un “olvido” difícil de entender.
Igualmente, el Informe plantea desligar la revalorización anual de las pensiones vigentes, desvinculándolas al IPC, lo que puede llegar a producir, según se aplique (con “suelo” o tope, o sin él), no ya una pérdida de poder adquisitivo, como en estos dos últimos años, sino una bajada del importe real de la pensión. Una cuestión que puede entrar en flagrante contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el Art. 41 de la Constitución.
El informe es una mentira interesada, revestida de elementos técnicos y adornada de un falso discurso de objetividad y neutralidad. Ni su diagnóstico ni sus conclusiones resisten un examen riguroso. Se instrumentalizan las predicciones demográficas y se obvia cualquier tipo de análisis sobre los elementos económicos que rodean al sistema de pensiones para concluir, de manera forzada, que el mismo es insostenible. En definitiva, viene a construir el argumentario que necesita el Gobierno para proceder a un nuevo hachazo a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, satisfacer las demandas de la troika tras el rescate bancario y privatizar una de las columnas vertebrales del estado del bienestar para transformarlo en negocio de quienes han propiciado la crisis y han estafado a la ciudadanía. El cuestionamiento y deterioro de las pensiones públicas tiene el objetivo no declarado de promocionar los sistemas complementarios de pensiones que, pese a presentar unos resultados negativos en los últimos años, (no se puede olvidar que su rentabilidad en muchas ocasiones se vincula a los mercados financieros especulativos), no han merecido la atención de los expertos.
Quizá para no desnudar la verdadera intencionalidad de la lógica político‐económica subyacente al cuestionamiento sistemático de los sistemas públicos.
Nuestro sistema de pensiones es uno de los más baratos de la Unión Europea, su coste global está entre 2 y 5 puntos porcentuales por debajo de los de la UE, los importes de sus pensiones contributivas son un 25% inferior a la media europea y un 50% en el caso de las no ontributivas. En el caso de las mujeres la diferencia es todavía mayor ya que sus pensiones son, de media, un 39% menores a las de los hombres en la UE y un 34% en España.
En este contexto es totalmente incomprensible el voto favorable al Informe, del experto enviado por CCOO, a su vez responsable del gabinete económico Confederal, así como su Escrito del 19 de junio a la Comisión del Parlamento, con su posición, sin que hasta ahora se haya dado una explicación convincente, ni exigido responsabilidad alguna, lo que ha puesto en grave riesgo la credibilidad de nuestro sindicato en un
momento tan delicado como el que está pasando.
En estos momentos es imprescindible y exigible la máxima claridad en las actuaciones del sindicato. No podemos seguir equivocándonos, ni mirar para otro lado, Existe una responsabilidad que debe depurarse y eliminar cualquier duda que pudiera recaer sobre nuestra organización sindical.
La posición de intentar “gobernar el sistema desde dentro” nos ha llevado, en reiteradas ocasiones, a favorecer reformas que, lejos de situar la pensiones fuera de las presiones especulativas, vienen a reforzar la excusa neoliberal de una supuesta necesidad de aceptación de recortes sociales como única vía de salida de la crisis.
El Sector Crítico, manifiesta:
a) Es absolutamente intolerable y nos opondremos a cualquier recorte de pensiones que se pretenda imponer y/o negociar. El sistema de Seguridad Social no está en peligro. Ante la posible apertura de un nuevo proceso de negociación alrededor de esta materia, Comisiones Obreras debe contar con una plataforma reivindicativa que debe ir más allá de defender mantener el diseño que actualmente está vigente. La Ley 27/2011 contiene elementos que deben revertirse desde el momento en que se demuestra que no sirven para
blindar el sistema sino empobrecerlo.
Recuperar la edad de 65 años como edad legal de jubilación en todos los casos, recuperar el periodo de cómputo de cara al cálculo de la Base Reguladora de los últimos 15 años, recuperar los 35 años de cotización para el acceso a una pensión sin coeficiente reductores derivados de la carrera profesional, eliminar todos los recortes que se han impuesto en el subsidio por desempleo de mayores de 52 años, subsidio ntimamente ligado a los derechos de jubilación del trabajador o trabajadora y establecer un sistema razonable y satisfactorio de jubilación anticipada y de jubilación parcial, deben ser cuestiones que, de forma ineludible, deben contemplarse en las propuestas de CC.OO. y defenderse como elementos esenciales del sistema en el proceso de negociación.
b) Es imprescindible que, como se aprobó en el último Congreso Confederal, se estudie el impacto de género de cualquier medida dirigida a modificar nuestro ya insuficiente sistema de pensiones. Las mujeres en España son las perceptoras de las pensiones de menor cuantía y de la mayoría de las no contributivas.
c) El compromiso de la C.S. de CCOO con la defensa del sistema de pensiones debe ser total y absoluto. Cualquier actuación del Gobierno dirigida a recortar derechos que actualmente se protegen en el sistema de Seguridad Social debe ser contundentemente contestada por el sindicato con las movilizaciones que sean necesarias, incluida la Huelga General.
d) Proponemos que dado que las pensiones son algo fundamental para el futuro de millones de personas, el sindicato debe organizar un verdadero debate técnico y político, abierto a la ciudadanía, donde se elabore un auténtico plan con alternativas, conocidas y respaldadas por el conjunto social, incluso a través de un referéndum.
Cualquier proceso de negociación que lleve a cabo CCOO debe ser un ejercicio de transparencia y de información a la sociedad en su conjunto y, los posibles acuerdos que pudieran suscribirse, deberán contar con el respaldo mayoritario de nuestra afiliación tras un proceso de debate, consulta y participación. La legitimidad del proceso se debe ganar también, y es un elemento fundamental, en la forma de toma de decisión, nos jugamos mucho de la credibilidad del sindicato. Venimos demandando al Gobierno que someta su política económica a Referéndum ya que está muy distante de aquella con la que se presentó a las últimas elecciones generales, por ello es más necesario que nunca, comprometer al sindicato para que cualquier toma de decisión que pudiera adoptarse, no puede circunscribirse exclusivamente al ámbito de los órganos de dirección y debe contar con la participación del conjunto de la afiliación.
4 de julio 2013

Más confusión no, por favor

julio 1, 2013

Aunque tiene fecha 19 de Junio, acabo de conocer con sorpresa, perplejidad e indignación el escrito dirigido al Congreso de los Diputados por el experto de CCOO en la Comisión del Pacto de Toledo, Miguel Ángel García. Se trata de una comparecencia solicitada por la Cámara, al igual que al resto de los miembros, acerca de su posición en la participación en el Informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, que tanto malestar ha producido en una gran parte de la afiliación al sindicato.
Pues bien, el citado experto, excusando no poder realizar personalmente la comparecencia, se ratifica por escrito en todos y cada uno de los puntos recogidos en el voto particular que hizo el día 7 de Junio pasado, con aquella famosa rueda de prensa defendiendo el SI al Informe rodeado de lo más granado de los “sabios” afines a la gran banca y a las aseguradoras privadas.
La dirección Confederal se desvinculó de dicho informe en su declaración del 11 de junio, donde se recoge que “es consciente del desconcierto que tal situación está generando entre la opinión pública y nuestros afiliados y afiliadas” y que “dicho Informe de los expertos no recoge la posición de CCOO sobre el futuro de las pensiones y en ningún caso nos sentimos vinculados a él”. Añadiendo, además, que “asume cometió un error al haber aceptado la participación de una persona asociada al sindicato en una comisión profundamente desequilibrada”. Además del comunicado, creo que faltó tomar otras medidas al respecto.
El nuevo escrito presentado en el Congreso, contribuye nuevamente a aumentar el “desconcierto” de nuestra afiliación, al seguir ostentando la responsabilidad de Coordinador de Gabinete Económico de CCOO, una persona que hace caso omiso de la opinión mayoritaria de la afiliación y de la posición del máximo órgano de dirección. Por el contario, continua como si nada hubiese ocurrido o estuviera por encima de lo que piensa la organización de la que depende y de la que sigue siendo asalariado.
El informe de los expertos sobre las pensiones, según distintos analistas, contiene errores económicos y matemáticos demostrados, pero lo que a mí me preocupa enormemente es el transfondo ideológico que recorre todo su contenido, fruto de la composición mayoritariamente neoliberal de sus miembros, que el gobierno de Rajoy está utilizando para justificar el recorte de las pensiones. Como decía el experto que voto NO, “el interés del Gobierno español era tratar de dar cobertura “científica”, a través de un Comité de Expertos, a una reforma del sistema público de pensiones enfocada, no sólo, ni en primer lugar, a las sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas, sino a contribuir a alcanzar los objetivos de déficit público a corto plazo”.
Cuando se entra al fondo de la cuestión, se aprecia lo indeleble de los argumentos «técnicos», asi como el juego interesado del doble razonamiento falso que se viene utilizando para justificar los recortes: Uno, el de su insostenibilidad a largo plazo, que nadie ha podido demostrar rigurosamente como han expuesto en multitud de ocasiones economistas muy reconocidos. Actualmente, las pensiones cuestan en España un 10% del PIB y según la UE, en el 2050 costarán un 14%. Esto es menos de lo que hoy gasta en pensiones Francia o Italia. Y otro, aceptar que para hacer frente al desequilibrio financiero que pueda provocar esa pretendida insostenibilidad lo que hay que hacer es solo actuar por la vía de reducir el gasto, disminuyendo las pensiones y no aumentando los ingresos, es decir, mejorando la distribución de la renta para que así haya más salarios y más cotizaciones, el empleo decente, sobre todo el femenino, la productividad, destopando las cotizaciones de los salarios más altos, y en última instancia, los ingresos a través de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, poniendo en marcha políticas justamente contrarias a las que se están aplicando y que han provocado la crisis que estamos sufriendo.
Ahora estamos en una crisis en la que se ha perdido más de tres millones de puestos de trabajo y los intereses económicos vuelven a sembrar las dudas sobre la sostenibilidad del sistema. Pero la solución está en volver a crecer, no en degradar la protección social, y pensar en las personas como eje central. Lo que sí habría que poner en duda es la solvencia técnica y social de los gobiernos que nos han tocado en estos duros años.
Este intento de vuelta de tuerca en torno al sistema público de pensiones se añade a la reforma de 2011, acordada entre el gobierno socialista, CCOO y UGT, que acaba de entrar en vigor y ya va a significar un recorte importante de las pensiones medias, al endurecer los requisitos de percepción y alargar la edad de jubilación, que se hizo, según se explicó en su día, para “blindar” el sistema hasta el 2032 y con la que el Sector Crítico de CCOO estuvimos en contra, con sólidos argumentos, al entender que no había motivos y que se trataba de una imposición más de Bruselas con sus ansias sin limites de acabar con toda protección social.
Es por ello imprescindible y urgente una nueva y contundente descalificación pública de estos comportamientos que tanto daño están haciendo a CCOO. Espero que en la comparecencia de CCOO del lunes en el Congreso, el responsable político en la Comisión Ejecutiva del tema de pensiones, explique claramente la posición de nuestro Sindicato, contrario a este infausto informe, y se oponga, frontalmente y sin matices, a cualquier recorte de las pensiones futuras y presentes, a pesar de que en otras muchas ocasiones su discurso y planteamientos hayan sido demasiado coincidentes con los de el tantas veces citado y ya famoso experto.

Salce Elvira

Aquí tienes acceso el ESCRITO dirigido por Miguel Ángel García Díaz a la Comisión del Pacto de Toledo del CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE ESPAÑA en relación con la comparecencia solicitada sobre su participación en el Informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones:

Factor de sostenibilidad de las pensiones MAGD al Congresos de los Diputados Jun2013