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EL ATAQUE A LAS PENSIONES DEL PP EXIGE UNA RESPUESTA SINDICAL Y SOCIAL CONTUNDENTE

noviembre 6, 2013

El Gobierno del PP ha aprobado en el Parlamento, con su mayoría absoluta, el proyecto de reforma de las pensiones, despreciando las enmiendas a la totalidad de la mayoría de los grupos políticos, así como el Dictamen del Consejo Económico y Social.

Como hemos denunciado reiteradamente desde el Sector Crítico de CCOO, la tan manoseada “sostenibilidad de las pensiones” es un problema político y no económico, que en la actual situación de crisis está sirviendo de excusa para deteriorar las pensiones presentes y futuras. Con argumentaciones falsas, avaladas por informes supuestamente “técnicos”, y sin una participación efectiva de la sociedad, se pretende, una vez más, rebajar las pensiones y con ello el nivel de vida, presente y futuro, de millones de personas y sólo para satisfacer a los grandes grupos financieros de presión provocando una verdadera involución en el modelo de protección social y traicionando los intereses de la mayoría de la población.

Esta nueva agresión se produce en el marco de los sucesivos recortes de derechos de los y las trabajadoras, reforma laboral, negociación colectiva así como el desmantelamiento del estado social: sanidad, educación, protección al desempleo, dependencia, administración local, etc.

Ante esta gravísima situación, el Sector Crítico manifiesta:

a) Es absolutamente intolerable esta nueva agresión y nos opondremos a cualquier recorte de pensiones que se quiera imponer y/o negociar. El sistema de Seguridad Social no está en peligro y debemos decirlo alto y claro al conjunto de la sociedad.

b) El Gobierno debe retirar la totalidad de la reforma propuesta. Igualmente La Ley 27/2011 contiene elementos que deben revertirse, desde el momento en que se ha demostrado que no sirven para blindar el sistema sino empobrecerlo.

c) En la actual coyuntura no es posible el diálogo social en este tema. La cerrazón del Gobierno a retirar su propuesta imposibilita cualquier negociación y debemos evitar falsos diálogos que no provocan más que confusión, desmovilización y, en último término, el deterioro de la imagen de CCOO.

d) El compromiso de la C.S. de CCOO con la defensa del sistema de pensiones debe ser total y absoluto.

La contestación a la actuación del Gobierno dirigida a recortar derechos, que actualmente se protegen en el sistema de Seguridad Social, debe ser contundentemente contestada por el sindicato con las movilizaciones que sean necesarias, más allá de la convocada con otros colectivos para el próximo 23 de noviembre, incluida la Huelga General. CCOO debe contribuir a articular una respuesta continuada y sostenida para, en confluencia con otras fuerzas sociales, exigir la reposición de derechos del sistema público de pensiones.

e) Seguimos proponiendo que, dado que las pensiones son algo fundamental para el presente y futuro de millones de personas, el sindicato, junto con otras fuerzas sociales, debe organizar un verdadero debate técnico y político, abierto a la ciudadanía, donde se elabore un auténtico plan con alternativas, conocidas y respaldadas por el conjunto social, incluso a través de un referéndum.

El sistemático ataque al que nos están sometiendo, a los sindicatos de clase, por parte de la derecha política y económica nos obliga a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza y el prestigio ante la población trabajadora y la sociedad en su conjunto, operando los cambios necesarios para conseguir un sindicato más participativo, democrático y vinculado a la realidad social y así ser más útiles cada día a la clase obrera en la defensa de sus derechos.

NOVIEMBRE, 2013

Comité de expertos, pensiones y nuestra posición

julio 6, 2013

La publicación del Informe del comité de expertos sobre el Factor de Sostenibilidad del sistema Público de Pensiones ha generado alarma entre la población en general y en nuestra afiliación en particular, fruto de la posición del representante de CCOO en dicha comisión, por los argumentos que proporciona al Gobierno del Partido Popular para seguir erosionando las pensiones, los incomprensibles errores de nuestra organización sindical en todo lo relativo a este informe y la debilidad de la explicación posterior de la dirección confederal de nuestro sindicato. Ello nos obliga, a quienes conformamos el sector crítico de Comisiones Obreras a intentar profundizar y analizar la situación actual y la posición a adoptar ante un tema tan vital, como es el de las pensiones públicas.
El objeto de este documento no es un análisis exhaustivo del Informe, sino situarnos ante los acontecimientos presentes y futuros.
Se han cumplido las peores previsiones que ya indicábamos en nuestro documento de Junio “EL SECTOR CRÍTICO ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL”, donde se informaba de que gobierno de Rajoy había nombrado a un grupo de expertos, la mayoría afines a la gran banca o a las compañías de seguros, con presencia de CCOO y UGT, para hacer un primer diseño de otra nueva reforma del sistema de pensiones. Y avisábamos que “Previsiblemente, dicha reforma se centrará en definir el llamado ‘factor de sostenibilidad’, que supondrá endurecer los periodos de cálculo y nuevo recorte de las pensiones actuales y futuras”
El gobierno del PP ha aprovechado, en su lógica de recortes y desmantelamiento del sistema de prestaciones sociales, la introducción de un llamado factor de sostenibilidad en la reforma pactada por CCOO y UGT, con la patronal y el gobierno de Zapatero en 2011.
Dicha reforma, que aún no ha desplegado todos sus efectos, ya incluía, desde nuestro punto de vista, elementos lesivos para los trabajadores y trabajadoras. Establecía grandes recortes en las pensiones –por eso el Sector Crítico rechazó la misma supuestamente para garantizar su futuro y blindarlo de presiones futuras. Es evidente que aquellos esfuerzos han sido amortizados en pocos meses.
La elevación de la edad de jubilación hasta los 67 años, el incremento del periodo de cotización exigido para jubilarse con el 100% de la base reguladora y el incremento del periodo de cálculo no han servido para mantener las pensiones al margen de las políticas de austeridad.
Ahora el gobierno utiliza la situación de déficit de la Seguridad Social, motivado por la importante caída de las cotizaciones (incremento del desempleo y devaluación de los salarios) como excusa para promover una reforma estructural y anticipar la aplicación del factor de sostenibilidad.
Las propuestas que se incorporan a través del falso factor de sostenibilidad no dejan lugar a la duda: se introducen fórmulas que devalúan la pensión sobre la base de la mejora de la expectativa de vida, se establecen mecanismos de ajuste en función de la evolución de los ingresos y del número de pensionistas con la misma orientación de rebajar la pensión que corresponde a cada persona, se desvincula la actualización de
las pensiones de la evolución de los salarios o del IPC y todo ello se hace con oportunismo y con crueldad, en un momento en el que se considera que la sociedad está dispuesta a transigir ante el sufrimiento que lleva acumulado y la amenaza de un futuro incierto.
Además de los factores económicos, motivados por la reducción coyuntural de de los ingresos y una supuesta regla de equilibrio necesario entre ingresos y gastos, se argumenta la necesidad de los recortes por las proyecciones demográficas, por el incremento de la esperanza de vida de manera más específica. Conviene recordar que la esperanza de vida es un indicador demográfico que encierra importantes diferencias
sociales y precisamente las personas con menos recursos económicas viven menos y también en peores condiciones. Las desigualdades sociales en este sentido se convierten en un factor de solidaridad hacia las clases acomodadas. Los expertos no han dicho nada al respecto, un “olvido” difícil de entender.
Igualmente, el Informe plantea desligar la revalorización anual de las pensiones vigentes, desvinculándolas al IPC, lo que puede llegar a producir, según se aplique (con “suelo” o tope, o sin él), no ya una pérdida de poder adquisitivo, como en estos dos últimos años, sino una bajada del importe real de la pensión. Una cuestión que puede entrar en flagrante contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el Art. 41 de la Constitución.
El informe es una mentira interesada, revestida de elementos técnicos y adornada de un falso discurso de objetividad y neutralidad. Ni su diagnóstico ni sus conclusiones resisten un examen riguroso. Se instrumentalizan las predicciones demográficas y se obvia cualquier tipo de análisis sobre los elementos económicos que rodean al sistema de pensiones para concluir, de manera forzada, que el mismo es insostenible. En definitiva, viene a construir el argumentario que necesita el Gobierno para proceder a un nuevo hachazo a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, satisfacer las demandas de la troika tras el rescate bancario y privatizar una de las columnas vertebrales del estado del bienestar para transformarlo en negocio de quienes han propiciado la crisis y han estafado a la ciudadanía. El cuestionamiento y deterioro de las pensiones públicas tiene el objetivo no declarado de promocionar los sistemas complementarios de pensiones que, pese a presentar unos resultados negativos en los últimos años, (no se puede olvidar que su rentabilidad en muchas ocasiones se vincula a los mercados financieros especulativos), no han merecido la atención de los expertos.
Quizá para no desnudar la verdadera intencionalidad de la lógica político‐económica subyacente al cuestionamiento sistemático de los sistemas públicos.
Nuestro sistema de pensiones es uno de los más baratos de la Unión Europea, su coste global está entre 2 y 5 puntos porcentuales por debajo de los de la UE, los importes de sus pensiones contributivas son un 25% inferior a la media europea y un 50% en el caso de las no ontributivas. En el caso de las mujeres la diferencia es todavía mayor ya que sus pensiones son, de media, un 39% menores a las de los hombres en la UE y un 34% en España.
En este contexto es totalmente incomprensible el voto favorable al Informe, del experto enviado por CCOO, a su vez responsable del gabinete económico Confederal, así como su Escrito del 19 de junio a la Comisión del Parlamento, con su posición, sin que hasta ahora se haya dado una explicación convincente, ni exigido responsabilidad alguna, lo que ha puesto en grave riesgo la credibilidad de nuestro sindicato en un
momento tan delicado como el que está pasando.
En estos momentos es imprescindible y exigible la máxima claridad en las actuaciones del sindicato. No podemos seguir equivocándonos, ni mirar para otro lado, Existe una responsabilidad que debe depurarse y eliminar cualquier duda que pudiera recaer sobre nuestra organización sindical.
La posición de intentar “gobernar el sistema desde dentro” nos ha llevado, en reiteradas ocasiones, a favorecer reformas que, lejos de situar la pensiones fuera de las presiones especulativas, vienen a reforzar la excusa neoliberal de una supuesta necesidad de aceptación de recortes sociales como única vía de salida de la crisis.
El Sector Crítico, manifiesta:
a) Es absolutamente intolerable y nos opondremos a cualquier recorte de pensiones que se pretenda imponer y/o negociar. El sistema de Seguridad Social no está en peligro. Ante la posible apertura de un nuevo proceso de negociación alrededor de esta materia, Comisiones Obreras debe contar con una plataforma reivindicativa que debe ir más allá de defender mantener el diseño que actualmente está vigente. La Ley 27/2011 contiene elementos que deben revertirse desde el momento en que se demuestra que no sirven para
blindar el sistema sino empobrecerlo.
Recuperar la edad de 65 años como edad legal de jubilación en todos los casos, recuperar el periodo de cómputo de cara al cálculo de la Base Reguladora de los últimos 15 años, recuperar los 35 años de cotización para el acceso a una pensión sin coeficiente reductores derivados de la carrera profesional, eliminar todos los recortes que se han impuesto en el subsidio por desempleo de mayores de 52 años, subsidio ntimamente ligado a los derechos de jubilación del trabajador o trabajadora y establecer un sistema razonable y satisfactorio de jubilación anticipada y de jubilación parcial, deben ser cuestiones que, de forma ineludible, deben contemplarse en las propuestas de CC.OO. y defenderse como elementos esenciales del sistema en el proceso de negociación.
b) Es imprescindible que, como se aprobó en el último Congreso Confederal, se estudie el impacto de género de cualquier medida dirigida a modificar nuestro ya insuficiente sistema de pensiones. Las mujeres en España son las perceptoras de las pensiones de menor cuantía y de la mayoría de las no contributivas.
c) El compromiso de la C.S. de CCOO con la defensa del sistema de pensiones debe ser total y absoluto. Cualquier actuación del Gobierno dirigida a recortar derechos que actualmente se protegen en el sistema de Seguridad Social debe ser contundentemente contestada por el sindicato con las movilizaciones que sean necesarias, incluida la Huelga General.
d) Proponemos que dado que las pensiones son algo fundamental para el futuro de millones de personas, el sindicato debe organizar un verdadero debate técnico y político, abierto a la ciudadanía, donde se elabore un auténtico plan con alternativas, conocidas y respaldadas por el conjunto social, incluso a través de un referéndum.
Cualquier proceso de negociación que lleve a cabo CCOO debe ser un ejercicio de transparencia y de información a la sociedad en su conjunto y, los posibles acuerdos que pudieran suscribirse, deberán contar con el respaldo mayoritario de nuestra afiliación tras un proceso de debate, consulta y participación. La legitimidad del proceso se debe ganar también, y es un elemento fundamental, en la forma de toma de decisión, nos jugamos mucho de la credibilidad del sindicato. Venimos demandando al Gobierno que someta su política económica a Referéndum ya que está muy distante de aquella con la que se presentó a las últimas elecciones generales, por ello es más necesario que nunca, comprometer al sindicato para que cualquier toma de decisión que pudiera adoptarse, no puede circunscribirse exclusivamente al ámbito de los órganos de dirección y debe contar con la participación del conjunto de la afiliación.
4 de julio 2013

Más confusión no, por favor

julio 1, 2013

Aunque tiene fecha 19 de Junio, acabo de conocer con sorpresa, perplejidad e indignación el escrito dirigido al Congreso de los Diputados por el experto de CCOO en la Comisión del Pacto de Toledo, Miguel Ángel García. Se trata de una comparecencia solicitada por la Cámara, al igual que al resto de los miembros, acerca de su posición en la participación en el Informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, que tanto malestar ha producido en una gran parte de la afiliación al sindicato.
Pues bien, el citado experto, excusando no poder realizar personalmente la comparecencia, se ratifica por escrito en todos y cada uno de los puntos recogidos en el voto particular que hizo el día 7 de Junio pasado, con aquella famosa rueda de prensa defendiendo el SI al Informe rodeado de lo más granado de los “sabios” afines a la gran banca y a las aseguradoras privadas.
La dirección Confederal se desvinculó de dicho informe en su declaración del 11 de junio, donde se recoge que “es consciente del desconcierto que tal situación está generando entre la opinión pública y nuestros afiliados y afiliadas” y que “dicho Informe de los expertos no recoge la posición de CCOO sobre el futuro de las pensiones y en ningún caso nos sentimos vinculados a él”. Añadiendo, además, que “asume cometió un error al haber aceptado la participación de una persona asociada al sindicato en una comisión profundamente desequilibrada”. Además del comunicado, creo que faltó tomar otras medidas al respecto.
El nuevo escrito presentado en el Congreso, contribuye nuevamente a aumentar el “desconcierto” de nuestra afiliación, al seguir ostentando la responsabilidad de Coordinador de Gabinete Económico de CCOO, una persona que hace caso omiso de la opinión mayoritaria de la afiliación y de la posición del máximo órgano de dirección. Por el contario, continua como si nada hubiese ocurrido o estuviera por encima de lo que piensa la organización de la que depende y de la que sigue siendo asalariado.
El informe de los expertos sobre las pensiones, según distintos analistas, contiene errores económicos y matemáticos demostrados, pero lo que a mí me preocupa enormemente es el transfondo ideológico que recorre todo su contenido, fruto de la composición mayoritariamente neoliberal de sus miembros, que el gobierno de Rajoy está utilizando para justificar el recorte de las pensiones. Como decía el experto que voto NO, “el interés del Gobierno español era tratar de dar cobertura “científica”, a través de un Comité de Expertos, a una reforma del sistema público de pensiones enfocada, no sólo, ni en primer lugar, a las sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas, sino a contribuir a alcanzar los objetivos de déficit público a corto plazo”.
Cuando se entra al fondo de la cuestión, se aprecia lo indeleble de los argumentos «técnicos», asi como el juego interesado del doble razonamiento falso que se viene utilizando para justificar los recortes: Uno, el de su insostenibilidad a largo plazo, que nadie ha podido demostrar rigurosamente como han expuesto en multitud de ocasiones economistas muy reconocidos. Actualmente, las pensiones cuestan en España un 10% del PIB y según la UE, en el 2050 costarán un 14%. Esto es menos de lo que hoy gasta en pensiones Francia o Italia. Y otro, aceptar que para hacer frente al desequilibrio financiero que pueda provocar esa pretendida insostenibilidad lo que hay que hacer es solo actuar por la vía de reducir el gasto, disminuyendo las pensiones y no aumentando los ingresos, es decir, mejorando la distribución de la renta para que así haya más salarios y más cotizaciones, el empleo decente, sobre todo el femenino, la productividad, destopando las cotizaciones de los salarios más altos, y en última instancia, los ingresos a través de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, poniendo en marcha políticas justamente contrarias a las que se están aplicando y que han provocado la crisis que estamos sufriendo.
Ahora estamos en una crisis en la que se ha perdido más de tres millones de puestos de trabajo y los intereses económicos vuelven a sembrar las dudas sobre la sostenibilidad del sistema. Pero la solución está en volver a crecer, no en degradar la protección social, y pensar en las personas como eje central. Lo que sí habría que poner en duda es la solvencia técnica y social de los gobiernos que nos han tocado en estos duros años.
Este intento de vuelta de tuerca en torno al sistema público de pensiones se añade a la reforma de 2011, acordada entre el gobierno socialista, CCOO y UGT, que acaba de entrar en vigor y ya va a significar un recorte importante de las pensiones medias, al endurecer los requisitos de percepción y alargar la edad de jubilación, que se hizo, según se explicó en su día, para “blindar” el sistema hasta el 2032 y con la que el Sector Crítico de CCOO estuvimos en contra, con sólidos argumentos, al entender que no había motivos y que se trataba de una imposición más de Bruselas con sus ansias sin limites de acabar con toda protección social.
Es por ello imprescindible y urgente una nueva y contundente descalificación pública de estos comportamientos que tanto daño están haciendo a CCOO. Espero que en la comparecencia de CCOO del lunes en el Congreso, el responsable político en la Comisión Ejecutiva del tema de pensiones, explique claramente la posición de nuestro Sindicato, contrario a este infausto informe, y se oponga, frontalmente y sin matices, a cualquier recorte de las pensiones futuras y presentes, a pesar de que en otras muchas ocasiones su discurso y planteamientos hayan sido demasiado coincidentes con los de el tantas veces citado y ya famoso experto.

Salce Elvira

Aquí tienes acceso el ESCRITO dirigido por Miguel Ángel García Díaz a la Comisión del Pacto de Toledo del CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE ESPAÑA en relación con la comparecencia solicitada sobre su participación en el Informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones:

Factor de sostenibilidad de las pensiones MAGD al Congresos de los Diputados Jun2013

 

EL SECTOR CRÍTICO ANTE EL VOTO FAVORABLE DEL REPRESENTANTE DE CCOO EN EL INFORME DE LOS EXPERTOS SOBRE PENSIONES.

junio 8, 2013

Hoy se ha hecho público el Informe del grupo de expertos nombrados por el gobierno de Rajoy, la mayoría afines a la gran banca o a las compañías de seguros, con presencia de un representante de CCOO y otro de UGT, en el que se hacen propuestas sobre el futuro sistema de pensiones. En él inciden en el llamado ‘factor de sostenibilidad’, que supondrá endurecer los periodos de cálculo y nuevo recorte de las pensiones actuales y futuras.

De los dos representantes de los sindicatos, SOLO EL DE CCOO HA VOTADO A FAVOR DE DICHO INFORME, haciéndolo público a todos los medios de comunicación, en una rueda de prensa rodeado de los representantes de la gran banca, empresas aseguradoras y de fondos de pensiones privadas, lo que supone un nuevo golpe a la imagen y credibilidad de nuestro sindicato, máxime cuando tal posición no ha sido ni debatida ni informada a la organización.

Ante la gravedad de los acontecimientos sucedidos, indignación y alarma  producida en la afiliación, el Sector Crítico de CCOO demanda:

1. POSICIÓN CLARA Y RECHAZO CONTUNDENTE AL MÁXIMO NIVEL, DEL CONTENIDO DEL INFORME.

2. DESCALIFICACIÓN PÚBLICA DEL REPRESENTANTE DE CCOO, EN EL COMITÉ, MIGUEL ANGEL GARCIA, (ASALARIADO DE CCOO) QUE HA ADOPTADO DICHA POSICIÓN, SI ES QUE HA SIDO TOMADA DE FORMA PERSONAL, EXIGIENDO LAS RESPONSABILIDADES OPORTUNAS.

Madrid, 7 de Junio de 2013

El Consejo Confederal aprueba el acuerdo de pensiones.

febrero 2, 2011

El Consejo Confederal de CCOO ha aprobado el pasado 1 de febrero por 164 votos a favor, 17 en contra y 1 abstención el acuerdo de pensiones.
PORQUÉ NO VOTAMOS EL ACUERDO DE PENSIONES
Las compañeras y compañeros que conformamos el sector crítico de CCOO hemos votado en contra, en el Consejo Confederal del día 1 de febrero, el Acuerdo al que han llegado los sindicatos y el gobierno sobre la modificación del sistema de pensiones por los siguientes motivos:
CONSIDERACIONES GENERALES
1. La modificación de la pensión de jubilación no es asunto de “urgente necesidad” desde el momento que, incluso con los cálculos que hacen los interesados catastrofistas de siempre, se reconoce que nuestro Sistema tal y como está hoy configurado no tendría problemas hasta el 2030 y goza de un superávit, aún en tiempo de crisis como el actual, de 64.000 millones de Euros. Por ello, consideramos que la reforma (que habría que desarrollar para mejorar el Sistema Público de Pensiones y nunca para empeorarlo sobre la base de recortes) podría realizarse en un futuro no marcado por el lastre de la crisis y la presión de los especuladores.

2. Tenemos un gasto en pensiones 3 puntos inferior a la media de la UE y lo seguiremos teniendo al menos hasta el 2030, momento en el que aún estaremos un punto por debajo.

3. La crisis económica que sufrimos no tiene nada que ver con las pensiones ni su futuro, sino con un sistema financiero descontrolado y depredador unido a la especulación inmobiliaria. En lugar de controlar estos excesos, esta reforma provocará un trasvase de ahorro hacia los fondos de pensiones privados, alimentando la misma lógica que ha causado la crisis y poniendo en severo riesgo ese mismo ahorro de los trabajadores.

4. El que se haga la reforma con esta premura es, en palabras de la Ministra de Economía y del Presidente de Gobierno, para dar “confianza” a los especuladores financieros (los mercados), pero ello no quiere decir que estos dejen de especular. La cuestión es clara, se está actuando en beneficio, no de la ciudadanía, sino de los poderes financieros.

5. Las proyecciones en las que se basan los que quieren rebajar el gasto para el sostenimiento del sistema no tienen en cuenta ni el crecimiento del PIB futuro ni de la productividad. Con un crecimiento modesto de la productividad habrá muchos más recursos que los actuales para las pensiones.

6. La financiación de las pensiones, en caso hipotético de que pudiera tener déficit en el futuro, no tiene porqué ser siempre financiada con cuotas sobre los salarios, también puede hacerse con tributos progresivos sobre los beneficios o de los PGE.

ASPECTOS CONCRETOS DEL ACUERDO
El Acuerdo Gobierno-Sindicatos contiene medidas que consideramos inasumibles, en especial las siguientes:
Aumento de la edad legal de jubilación y exigencia de más años cotizados
• Se aumentan tres años y medio los años obligatorios de cotización para tener derecho a la jubilación ordinaria a los 65 años, con el 100% de la base reguladora (pasando de 35 a 38,5 años).
• Se necesitarán 37 años cotizados para jubilarse a los 67 años con el 100% de la base reguladora, lo que supone dos años más de cotización y aumento de dos años de la edad de jubilación.
• Desaparece la jubilación especial a los 64 años.

El aumentar la edad mínima obligatoria de jubilación para la práctica totalidad de las personas trabajadoras a los 67 años es un recorte de derechos muy importante, con las consecuencias sociales de tener que estar trabajando hasta una edad inasumible físicamente muchas veces, por lo que es fácil prever un aumento importante de las situaciones de incapacidad temporal entre los futuros trabajadores de más de 65 años, con el agravante de que el empresario puede despedir cuando quiera con las facilidades que da la reforma laboral, aplicándosele a la persona despedida los coeficientes reductores (un 7,5% cada año que se jubile antes de la edad ordinaria, 67 años en la mayoría de los casos). A todo ello se añade la dificultad que tienen estos colectivos de seguir trabajando, como lo demuestra que la tasa de ocupación de las personas de 60 a 64 años es del 32,1% frente al 66,5% de los de 50 a 54 años.
El retraso de la edad de jubilación supone además cerrar la puerta dos años más a los millones de jóvenes que están en paro y a los que se les niega la posibilidad de trabajar.
El aumentar el periodo de cotización a 38,5 años es poner un listón inalcanzable para una mayoría de trabajadores y trabajadoras, con carreras de cotización inestables, que verán disminuida notablemente su pensión, y que además consigue por sí misma el aumento de la edad de jubilación.
Se aumentan los años a computar para el periodo de cálculo de la pensión.
Se pasa de los 15 años actuales a 25 en un periodo de diez años, medida que supone otro recorte para la práctica totalidad de los trabajadoras y trabajadoras, que verán mermar sus ingresos seriamente sobre la situación actual.
CONCLUSIONES
Toda la filosofía y el objetivo del Acuerdo inciden en el gasto, pero no existen medidas claras y computables sobre los ingresos, haciendo fuerza en la “contributividad” y la “sostenibilidad” del sistema en lugar de en la solidaridad.
Se acepta una falsa idea de equidad –dar prestaciones según lo aportado- que prepara el terreno ideológico para los sistemas de capitalización.
Los jóvenes y mujeres que se incorporan al mercado de trabajo en situaciones precarias, con bajas cotizaciones, empleo discontinuo o tiempo parcial, van a ser los mayores perdedores con esta reforma, condenándoles a pensiones de miseria.
El retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años y el aumento del cálculo hasta 25 años, supone, para la mayoría de los futuros jubilados y jubiladas, una reducción de su pensión (como reconocemos en trabajos y estudios del propio Sindicato). Para el gobierno y los sectores económicos más poderosos, el objetivo del acuerdo es producir un fuerte recorte en los derechos sociales y en las expectativas de pensión actuales y futuras de millones de personas trabajadoras, para favorecer el negocio de los planes y fondos privados de pensiones.
La reforma va a generar en el medio y largo plazo una importante segmentación en la sociedad española, en la que las pensiones garantizadas por el sistema de Seguridad Social, a las que accede la población trabajadora en general, se aproximarán cada vez más a las no contributivas o asistenciales, lo que puede incentivar la no declaración de todas las rentas percibidas. Muy pocas personas podrán acceder a los niveles máximos de pensión del sistema y por ello, se está “invitando” a que, quien tenga niveles altos de renta y capacidad de ahorro, busque sistemas alternativos, evidentemente, sistemas de capitalización en el mercado financiero. Una lógica absolutamente perversa.
Por último, hacemos un llamamiento a militar en CCOO, defendiendo sus opiniones, la democracia y la pluralidad, de esta organización, que sigue siendo el sindicato donde cientos de miles de trabajadores y trabajadoras cada día luchan por un mundo mejor.

Resolución presentada al Consejo de la Federación de Enseñanza de Madrid

febrero 2, 2011

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL
Ante el proceso de conversaciones que ha culminado en un Acuerdo que no ha sido ni conocido, ni debatido ni valorado en sus contenidos por la afiliación y la mayoría de los órganos de CCOO con el Gobierno en las últimas semanas, nos dirigimos a vosotras y vosotros para haceros las siguientes consideraciones:
1º.- Creemos que debéis mantener la posición debatida y acordada en CCOO de rechazo a la Reforma Laboral, que motivó la huelga general del 29-S, una movilización que salió adelante con el esfuerzo y sacrificio de miles de afiliadas y afiliados y delegadas y delegados de nuestro sindicato, así como el apoyo de muchos trabajadores y trabajadoras, que en un escenario laboral tan complicado –arriesgando incluso, en los peores casos el puesto de trabajo- apostaron por la vía de la defensa de sus derechos como trabajadores en vez de la resignación y el conformismo. El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de esta nefasta norma no ha hecho sino ratificar las previsiones de CCOO en cuanto a sus efectos perjudiciales para los trabajadores.
2º.- Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario de nuestro país y en el que grandes sectores de la clase trabajadora depositan su confianza, no debería ratificar ningún acuerdo que suponga un retroceso en nuestro sistema público de pensiones: ni aumento de la edad de jubilación, ni aumento del periodo de cálculo, ni incremento del número de años necesario para cobrar la pensión máxima.
3º.- Consideramos que la firma de este acuerdo supone, en la práctica, la pérdida de capacidad de defensa real de los intereses de las trabajadoras y trabajadores en la negociación colectiva y el diálogo social, pues nos coloca en una situación de mayor debilidad. Supone también el reconocimiento de que esta organización no puede o no quiere movilizar las fuerzas necesarias para hacer frente a las gravísimas agresiones que estamos sufriendo trabajadores y trabajadoras, personas desempleadas, pensionistas y todo el mundo del trabajo en nuestro país, lo que nos genera una pérdida de legitimidad frente a los trabajadores y trabajadoras (único sentido y razón de ser de nuestra organización) y nos coloca en una situación mucho más difícil, sin herramientas de cara al futuro para recuperar mañana los derechos que entregamos hoy. Si no corregimos este camino sólo puede llevarnos a nuevos recortes y a un retroceso en nuestras condiciones de vida y de trabajo.
4º.- Creemos que, con la firma del acuerdo de pensiones y la renuncia a la confrontación frente a los ataques que estamos sufriendo, CCOO asume la línea estratégica que UGT ha mantenido desde el final de la huelga (e incluso antes) una línea en la que se está apostando por evitar el enfrentamiento y el desgaste del Partido Socialista en el gobierno, aun a costa de renunciar a la presión para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras y los nuestros propios como organización.
5º.- Los argumentos planteados por CCOO, defendiendo los recortes como forma de evitar un mal mayor y garantizar el futuro de las pensiones (pero un futuro mucho más negro, con más dificultades para acceder a unas pensiones que también serán de menor cuantía y que perjudicará especialmente a los colectivos más precarios y vulnerables), son argumentos ajenos a los que debería manejar una organización que defiende “intereses de parte”. Con estos argumentos incorporamos como propio el discurso de los mercados y del poder económico y financiero, empeñado en imponer recortes a los trabajadores y trabajadoras y defender que estos son la única salida a la crisis, a la vez que ignoramos la existencia de otras vías más justas y las alternativas que la propia confederación sindical CCOO ha venido defendiendo desde el comienzo de la crisis.
6º.- Exigimos que rectifiquéis esta línea de actuación y el respaldo a la reforma de pensiones y abráis un periodo temporal suficiente de consultas en la organización, con el objeto de que puedan pronunciarse las diferentes estructuras y órganos de CCOO que representan la pluralidad de un sindicato como el nuestro con más de un millón de afiliados y afiliadas.

Afiliadas y afiliados de CC OO, de la Federación Regional de Enseñanza de Madrid
En Madrid a 3 de febrero de 2011
Viva la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Vivan las Comisiones Obreras.